Contraloría detectó pagos irregulares a comunidades campesinas
Tras una auditoria, la Contraloría de la República, evidenció que exfuncionarios y exservidores del gobierno regional de Cusco permitieron pagos de costos arbitrales solicitados por las comunidades campesinas de Yananoca y Racchi Ayllo, ubicados en el distrito de Chinchero (Urubamba) por un monto de S/ 659 502,85.
El pago se hizo pese a que el tribunal arbitral, a cargo de los procesos de expropiación y valor comercial de terrenos para la ejecución de la obra del Aeropuerto Internacional de Chinchero seguido con dichas comunidades, no fijo en los laudos emitidos el detalle y cuantía de los costos arbitrales que debían ser asumidos por el gobierno regional del Cusco.
En marzo del 2014 el presidente de la comunidad de Yanacona solicitó a la autoridad regional el pago de costos arbitrales al abogado Roland Huilcanina Huarhua y el ingeniero civil Zenón Mendoza Valencia. Se adjuntó sus recibos por honorarios por S/ 423 088,84 y S/ 60 000,00, respectivamente.
En el año 2015, el presidente de la comunidad Racchi Ayllo, también solicitó el pago de costos del proceso arbitral al abogado Roland Huilcanina por S/ 176 414,01.
La Contraloría sostiene que si bien el Tribunal Arbitral dispone que el gobierno regional asuma en su totalidad el pago de costos y costas del proceso arbitral en su condición de sujeto expropiante, no estableció los conceptos que debían ser asumidos y menos se cuantificó los montos que debían ser cancelados por la entidad a favor de dichas comunidades.
Sin embargo, el gobierno regional tramitó y pagó los honorarios del abogado y el ingeniero civil que no habían sido fijados ni determinados en el laudo arbitral ni en una liquidación posterior.
Son nueve los funcionarios y servidores que laboraron durante la gestión del exgobernador regional Edwin Licona que han sido hallados responsables de estos hechos que afectaron el normal funcionamiento de la administración pública y el adecuado uso de los recursos del Estado.
Los imputados son el exgerente de Desarrollo Económico, Eduardo Zans Loayza; el exasesor legal de dicha gerencia, Johan Baca Lazarte; el exgerente de Planificación Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Ronald Concha Cazorla; el subgerente de Planeamiento, Williams Alvarez Sánchez; el subgerente de presupuesto, Edson Jiménez Rodríguez; el exdirector de la Oficina de Administración, Marco Arzubialde Tamayo; el exdirector de la Oficina de Abastecimiento, Fidel Tarco Quispe y las exresponsable de la Oficina de Abastecimiento, Jessica Carazas Pezo.
La Contraloría en su informe recomienda iniciar procedimiento sancionador contra estos exfuncionarios y servidores.