Empleadas del hogar también son víctimas de la trata de personas

Cama adentro, la trata más invisible

Las empleadas del hogar también son víctimas de la trata de personas: viviendo, a veces, en situaciones de semiesclavitud. En los últimos años, el Perú ha avanzado en temas normativos, pero se cuenta solo con tres albergues especializados para las afectadas.

Universo escondido

El caso de las empleadas domésticas es lo más recóndito dentro de lo invisible que resulta hablar sobre la trata de personas en el Perú, a pesar de que en el 2017, de acuerdo con el Ministerio del Interior, de las 524 denuncias de trata de personas recibidas, 73 correspondían a la explotación laboral.

“Si ya es difícil encontrar una víctima en un prostibar, es más difícil encontrarla en un hogar privado porque es el entorno más cerrado; muchas veces la víctima se encuentra en situaciones de encierro y no hay fiscalización, ya que la Sunafil [Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral] solo se dedica a empresas”, dice Ricardo Valdés, de la oenegé CHS Alternativo.

En líneas generales, los empleadores vulneran lo que indica el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la normativa nacional respecto a la contratación de las empleadas domésticas, que fija horas de trabajo y descanso, contratos escritos y beneficios laborales (vacaciones, indemnización en caso de despido intempestivo, CTS y gratificación). Y la negación a los derechos laborales se multiplica cuando se trata de menores de edad o trabajo infantil, digámoslo a secas.

Gracias a la labor de la sociedad civil, el Estado se sensibilizó sobre la trata de personas y el año pasado el Congreso de la República ratificó el Convenio 189, que regula el trabajo doméstico, pero el proceso de sensibilización debe continuarse para acortar las brechas entre la norma y lo que ocurre en la sociedad.

“En América Latina, el Perú tiene un marco normativo sobre trata de personas muy extenso y sumamente duro –hasta la cadena perpetua en caso de muerte de menores de 14 años–, con leyes que se actualizan desde el 2007”, dice Valdés.

Tareas pendientes

El próximo mes se celebrará la próxima reunión de la OIT y el Estado peruano tendrá que exponer sobre lo avanzado en estos puntos.

Para Valdés, lo que hay que saludar es la labor de fortalecimiento que el Ministerio de Trabajo hace con la Sunafil, “cada vez más fortalecida en normativa, capacitación de personal y trabajo de inteligencia”. O que a partir del 2017 la normativa peruana ya condena el trabajo forzoso y la esclavitud.

El Plan Nacional Contra La Trata de Personas 2017-2021 señala que el Ejecutivo se encargará de financiar los albergues para las víctimas de la trata de personas y los gobiernos locales de instalarlo. A la fecha, solo contamos con tres albergues en el ámbito nacional (dos en Lima y uno en Madre de Dios), a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Si hay “déficit general para las acciones para la trata” se debe a la ausencia de una partida presupuestal.

Al respecto, el Ministerio del Interior y la comisión multisectorial de la trata impulsan la creación de programas presupuestales con miras al 2020. “Si eso se concreta, será un paso fundamental para ejecutar la política pública”, dice.

Si bien no existen albergues especializados para la trata de personas de menores de edad en todo el país, Valdés es de los que opinan que lo ideal sería contar con un albergue especializado por región, donde a las víctimas se les trate de forma diferenciada y en ambientes adecuados. A eso habría que sumarle la necesidad de contar con albergues para las personas mayores de edad víctimas de la trata.

DATO:

1818 es el número de la central del Mininter para hacer denuncias anónimas en casos de trata.

El Peruano