Demandan renuncia de ministro de cultura Rogers Valencia por anular millonaria multa impuesta a Inmobiliaria R&G Sac por daño a patrimonio

Las autoridades regionales, congresistas y miembros de la Comisión de Juristas del Cusco demandaron la inmediata renuncia del ministro Valencia, por anular la multa de 4 millones 650 mil soles impuesta a la inmobiliaria R&G SAC, encargada de la edificación del hotel Sheraton, ubicada a dos cuadras de la Plaza Mayor del Cusco.

El congresista Wilber Rozas, sostuvo que planteará que Valencia Espinoza acuda ante la Comisión de Pueblos, Ambiente y Ecología para que informe y las motivaciones para anular la millonaria multa impuesta a la referida empresa o caso contrario debe renunciar por avalar destrucción del Patrimonio.

“Indignado cuando es precisamente un ministro que es cusqueño. La sanción a una empresa que dañó el patrimonio en pleno Centro Histórico del Cusco no se le puede perdonar una multa”, señaló.

El parlamentario del Frente Amplio, aseveró que si los fundamentos del ministro no son convincentes presentará una iniciativa legislativa para su interpelación y luego su desafuero del cargo.

A su turno, el alcalde provincial Víctor Boluarte Medina señaló que anular la multa a inmobiliaria es un mal precedente porque es una carta abierta para la impunidad y las empresas que destruyeron el Patrimonio de la ciudad del Cusco no tengan una sanción.

“Es un mal precedente porque crea la sensación de impunidad y que aquí (Cusco) se puede cometer cualquier barbaridad y no se sanciona”, señaló la autoridad edil.

Boluarte cuestionó a la Dirección Regional Desconcentrada de Cultura por no haber sancionado a la referida inmobiliaria, en los plazos establecidos, por ello, demandó que se identifique y sancione de manera drástica a los funcionarios responsables.

“La Dirección de Cultura en el tiempo que tenía para sancionar y concluir el procedimiento sancionador no lo hizo, por lo tanto, hay responsables porque un proceso de esa naturaleza sólo debe resolverse en nueve meses y máximo ampliarse a tres meses más en un año. Lamentablemente hubo negligencia en la tramitación de este proceso”, dijo.